Cambio Climático y ASG: desafío del compliance para las AFP
El 23 de noviembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones (SP) publicó la Norma de Carácter General (NCG) Nº 276 y la Resolución Nº 43, con el fin de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) incorporen el riesgo climático y los factores denominados Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) en sus políticas de inversión y de gestión de riesgos.
Las modificaciones se enmarcan en la línea del “Acuerdo Verde” que en diciembre de 2019 suscribieron la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Banco Central y diversos representantes del sector financiero y previsional. El “Acuerdo Verde” es un compromiso voluntario entre el sector financiero, el gobierno y los reguladores, que define principios generales respecto de la gestión de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en la toma de decisiones por parte de las entidades firmantes y compromete acciones concretas en este ámbito.
A su vez, el Acuerdo tiene su fuente en el primer tratado internacional de cambio climático con compromisos vinculantes tanto para países desarrollados como para países en vías de desarrollo, conocido como Acuerdo de París, el cual Chile ratificó en febrero de 2017. Los tres objetivos principales son orientar esfuerzos conjuntos en materia de mitigación, adaptación y medios de implementación (financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades).
Los principios transversales para el sector financiero son: a) Gobernanza. Evaluar la forma en la cual el Directorio se informa sobre los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático y los impactos que estos pudieran tener en su organización.[1] Considerar el involucramiento de la alta administración en cuanto a la comprensión y gestión de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático y las directrices emanadas del Directorio respecto de ellas; b) Estrategia y Oportunidades. Definir cómo incorporar dentro de su estrategia la gestión de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en el corto, mediano y largo plazo. Fortalecer las capacidades en todos los niveles de la organización para identificar, entender, evaluar, gestionar e integrar los riesgos señalados; c) Administración del Riesgo. Definir cómo integrarán la identificación, evaluación y gestión de los riesgos relacionados al cambio climático dentro de la administración integral de riesgos; y d) Objetivos y Métricas. Evaluar la fijación de métricas y objetivos sobre los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en la estrategia de negocio y la divulgación de los resultados de la implementación de los elementos del Acuerdo Verde.
Sin embargo, la preocupación por la inversión sustentable tiene orígenes de más antigua data y se materializó más explícitamente en el llamado que realizó la ONU en 2005 a un grupo internacional de inversores institucionales de todo el mundo, los que desarrollaron los Principios para la Inversión Responsable (PRI)[2], para reflejar la creciente relevancia de los factores ASG en el contexto de las prácticas de inversión. Ya en aquella época, la incorporación de estos factores se consideró como necesario, debido a que los inversores buscaban fortalecer cada vez más su desempeño a través de una evaluación minuciosa de los factores de riesgo a largo plazo identificando nuevas oportunidades de inversión que tuvieran en cuenta las cambiantes necesidades y aspiraciones de sus beneficiarios y clientes.
Así, el PRI, convertido en un referente mundial define la inversión responsable como una estrategia práctica para incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en las decisiones de inversión y el ejercicio activo de la propiedad. Se considera que ignorar los factores ASG es ignorar riesgos y oportunidades que tienen un efecto significativo en los rendimientos que se les entregan a los clientes y beneficiarios.
El artículo 147 del DL 3.500, que reglamenta el deber fiduciario de las AFP, establece que “deben efectuar todas gestiones necesarias para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad de los fondos que administran y deben atender exclusivamente al interés de los fondos, respondiendo hasta de la culpa leve por los perjuicios que causen a los fondos por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones”.
Los elementos que conforman a las ASG y que forman parte del sistema de cumplimiento de las organizaciones básicamente son: Ambientales (cambio climático, emisiones de gases con efecto invernadero, agotamiento de recursos, incluyendo basura en el agua, polución y deforestación); Sociales (condiciones laborales, incluyendo esclavitud y trabajo infantil, comunidades locales, incluyendo comunidades indígenas, salud y seguridad, relaciones laborales y diversidad); y de Gobierno Corporativo o Gobernanza (remuneraciones de ejecutivos, soborno y corrupción, lobby y donaciones, diversidad y estructura del Directorio, estrategia tributaria).
La nueva normativa chilena, que entrará a regir en mayo de 2021, plantea un enorme desafío a las AFP, que lograrán sortear con éxito sólo si poseen un sistema robusto en sus áreas de inversiones y gestión de riesgos que les permita integrar en su proceso de análisis a las alternativas de inversión estas nuevas exigencias.
En efecto, dadas las obligaciones legales que asumen los directorios en materia de inversión sustentable éstas permitirán a las AFP diversificar sus inversiones no sólo geográficamente, sino que darles una visión de sustentabilidad a largo plazo a las mismas, cuestión de interés relevante para los partícipes de los fondos gestionados por los inversionistas institucionales.
El verdadero desafío aquí será utilizar correctamente los principios que inspiran los programas de cumplimiento para gestionar adecuadamente estos riesgos, los cuales de acuerdo a los estándares internacionales consisten en identificar, evaluar, adoptar medidas de respuesta, monitorear, actualizar y divulgar los procedimientos y controles adoptados a toda la organización, lo que debe ir acompañado de una cultura organizacional que potencie el cumplimiento de las reglas al interior de la entidad.
Podemos aprender de la experiencia comparada cuán importante es la inversión sustentable y sus efectos a largo plazo.
Empresas internacionales como BlackRock y Robeco, grandes administradores de activos y gestores de fondos, tanto de renta variable como de renta fija, poseen un proceso de inversión transparente y accesible a la comunidad, con equipos técnicos de analistas capacitados y alta tecnología en esta materia, centrados en el vínculo entre la sostenibilidad y la materialidad financiera, entendiendo por ésta a cualquier factor intangible que pueda tener un impacto en el valor principal de una empresa, es decir, crecimiento, rentabilidad, eficiencia del capital y exposición al riesgo.[3]
En el caso de Robeco, para cada industria que evalúa identifica las fuentes de creación de valor y qué tendencias a largo plazo pueden impactar en la industria. Una vez identificadas, son priorizadas de acuerdo con su magnitud esperada y la probabilidad de su impacto en el crecimiento, rentabilidad, eficiencia del capital y el riesgo. Esto da como resultado una matriz de materialidad para cada industria evaluada, que mapea la importancia relativa de cada factor material y proporciona una visualización de los factores más importantes para cada industria. Posteriormente, se evalúa qué tan bien la administración de la empresa está abordando cada uno de estos factores. Con esta base se ajustan los supuestos financieros, de crecimiento y de riesgo para obtener una mejor estimación del valor razonable, que no sólo toma en cuenta las proyecciones financieras a corto plazo, sino que también considera los factores de sostenibilidad a más largo plazo.
Con el método descrito determinan qué empresas tienen más probabilidades de seguir siendo competitivas en entornos comerciales cambiantes y, por tanto, mejor posicionadas para continuar creando valor de manera sostenible. Los factores como la gestión medioambiental y el gobierno corporativo cobran relevancia en estas evaluaciones, así como el impacto de la actividad de la empresa en la comunidad, en el sentido de si permiten o restan valor a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD)[4] pero adaptados a cada industria.
Por su parte, BlackRock en su Reporte Anual de Administración de Inversión de 2020[5] monitorea las compañías en que invierte y establece una relación con ellas advirtiéndoles que el manejo de los factores medioambientales y sociales son relevantes a la hora de votar en las reuniones de accionistas. De esa forma, se garantiza la emisión de un voto informado y alineado con los intereses a largo plazo de los clientes. El objetivo es emitir votos en la asamblea de accionistas de cada compañía en la que sus clientes invierten, ya que estiman que votar es un mecanismo de retroalimentación importante entre empresas e inversionistas.
Dando un paso más allá, en materia de divulgación y transparencia, Larry Fink CEO de BlackRock, en su carta anual de 2019[6] dirigida a los gerentes generales de las compañías donde invierte, los insta a reevaluar profundamente el riesgo y el valor de los activos. Asumiendo que el riesgo climático es un riesgo de inversión anunció una serie de iniciativas para posicionar la sostenibilidad en el centro del enfoque de inversión. Entre ellas, haciendo de la sostenibilidad una pieza integral en la construcción de portafolios y el manejo del riesgo; desinvirtiendo en aquellas que presentan un alto riesgo relativo a la sostenibilidad; lanzando nuevos productos de inversión que filtren combustibles fósiles, etc.
Con respecto a las ASG, BlackRock además de integrar estas variables en sus procesos de inversión, ha empezado a informar públicamente cada vez con mayor detalle sus resultados y avances en el sitio web, demostrando que la transparencia en la divulgación permite facilitar una toma de decisiones informada respecto de la empresa.
Las herramientas del compliance, la comunicación y la transparencia serán, sin duda, útiles para enfrentar la adecuada gestión de los nuevos riesgos por parte de las AFP chilenas. Les exigirá avanzar de meras declaraciones en sus políticas y memorias anuales, hacia una verdadera cultura corporativa organizacional, que demuestre la concreción de los objetivos fijados por la norma con métricas confiables y contrastables para cualquier afiliado que desee conocer cómo se están invirtiendo sus fondos de pensiones.
M. Soledad Alonso
Abogada
[1] De acuerdo con el Reporte del World Economic Forum de 2019, el cambio climático es uno de los principales riesgos económicos a nivel global y una fuente de riesgo financiero que puede amenazar la estabilidad financiera, macroeconómica y el crecimiento mundial. Prescindir de información sobre las variables climáticas en la toma de decisiones económicas puede conducir a una valoración de activos inexacta y, por tanto, a una asignación inadecuada de los recursos financieros. Disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
[2] https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
[3]Michael van der Meer, CFA, Head of Sustainable Investing Research. https://www.robeco.com/en/key-strengths/sustainable-investing/sustainable-investing-research/focus-on-financial-materiality.html.
[4] Los OSD se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. Tienen como fin erradicar la pobreza en todo el mundo.
[5] https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-annual-stewardship-report-2020.pdf
